Los mismos que acusan al GOBIERNO de influir en las decisiones judiciales y defienden la independencia de la justicia, son los que piden ahora al GOBIERNO que cambie las decisiones judiciales y las supedite a intereses políticos.
Es la misma contradicción de los progres cuando acusaban a los bancos de dar dinero de más a través del crédito fácil y luego se quejaron de las restricciones creditícias.
No se puede defender una cosa y su contraria.